Avanza en la Legislatura un proyecto para blindar la infraestructura digital de Mendoza

La provincia de Mendoza dio un paso hacia el fortalecimiento de la seguridad digital con la presentación de un proyecto de Ley de Ciberseguridad en la Legislatura Provincial. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca establecer un marco normativo que permita prevenir, detectar y responder de manera coordinada ante incidentes informáticos, además de resguardar la información administrada por el Estado y garantizar la continuidad de los servicios considerados esenciales.

El proyecto fue presentado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, y propone la creación de una estructura específica para coordinar las políticas provinciales en materia de ciberseguridad. Entre las principales medidas se encuentra la conformación de un Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad, organismo que tendría la responsabilidad de diseñar y supervisar un Plan Provincial de Ciberseguridad con acciones permanentes de prevención y respuesta.

La iniciativa también contempla la puesta en funcionamiento de un Centro de Operaciones de Seguridad, un Equipo de Respuesta ante Incidentes Informáticos y un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad. Estas herramientas permitirían monitorear amenazas, coordinar la atención de ataques digitales, recopilar estadísticas y fortalecer la capacidad de reacción frente a posibles vulneraciones de los sistemas estatales.

El alcance del proyecto comprende a los tres poderes del Estado Provincial (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), además de empresas y proveedores que suministren servicios tecnológicos, conectividad, almacenamiento de datos, software o infraestructura informática vinculada con organismos públicos. La propuesta pone especial énfasis en la protección de sectores críticos como salud, educación, seguridad, justicia, hacienda, identidad digital y demás plataformas que sostienen el funcionamiento cotidiano de la administración pública.

Otro de los ejes centrales es la creación de un Programa de Divulgación Responsable, mediante el cual especialistas en seguridad informática e investigadores podrán informar vulnerabilidades detectadas en sistemas estatales bajo un marco legal que incentive la colaboración y proteja a quienes actúen de buena fe. Asimismo, el proyecto prevé campañas permanentes de concientización destinadas a ciudadanos, organismos públicos y empresas para promover buenas prácticas en el uso de datos personales, credenciales digitales y prevención de delitos informáticos como el fraude o el robo de identidad.

La presentación de esta iniciativa se produce en un contexto en el que los ataques cibernéticos contra organismos públicos y privados aumentan a nivel mundial, impulsando a distintos gobiernos a fortalecer sus políticas de protección digital. En Mendoza, el proyecto deberá ahora ser analizado por las comisiones del Senado antes de avanzar en su tratamiento legislativo. Hasta que complete ese proceso y sea aprobado por ambas cámaras, la propuesta no tendrá fuerza de ley.