Proponen reactivar tierras improductivas en rutas nacionales para impulsar la producción

Un nuevo proyecto legislativo busca poner en valor superficies actualmente desaprovechadas a lo largo de las rutas nacionales, con el objetivo de ampliar la producción agropecuaria y generar ingresos adicionales para el Estado.

La iniciativa plantea habilitar el uso agrícola de las franjas laterales ubicadas dentro de la zona de camino, excluyendo expresamente banquinas y áreas de seguridad ya definidas por la normativa vigente. De esta manera, se propone reincorporar estos espacios al circuito productivo bajo condiciones controladas.

Para avanzar en esta dirección, el proyecto impulsa la derogación de la Resolución 2018/2008 de la Dirección Nacional de Vialidad, normativa que actualmente prohíbe la utilización de estos terrenos con fines agrícolas. Según los fundamentos, esta restricción limitó durante años el aprovechamiento de tierras públicas que podrían ser utilizadas de forma regulada.

El esquema propuesto contempla la entrega de permisos de uso temporarios y arancelados para actividades como siembra, cultivo y cosecha de cereales, oleaginosas y pasturas. En este marco, se priorizaría a los propietarios linderos, arrendatarios o explotadores cercanos, aunque también se prevé la participación de terceros en caso de que estos no manifiesten interés.

Además, el proyecto establece límites claros para garantizar que estas actividades no afecten la seguridad vial, prohibiendo cualquier tipo de explotación que implique riesgos para la circulación.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es recuperar una práctica que en el pasado generó valor económico, incorporando nuevas hectáreas productivas y contribuyendo al desarrollo del sector agropecuario.

Se plantea que los recursos obtenidos a partir de estos permisos puedan destinarse al mantenimiento y mejora de la infraestructura vial, generando un doble beneficio: productivo y financiero.

En definitiva, la iniciativa apunta a reemplazar una prohibición total por un sistema regulado, con criterios técnicos y legales claros, que permita administrar de manera más eficiente estos espacios públicos hoy subutilizados, promoviendo tanto la producción como la generación de ingresos para el Estado.